El Archivo de Estado de Caserta “nace”, con la actual denominación y con un estatus de renovada autonomía institucional, en virtud del Decreto del Presidente de la República del 30 de septiembre de 1963 que reorganiza toda la normativa italiana en materia de Archivos.
De manera que recuperaba tardíamente su individualidad un Instituto que funcionaba como “Archivo Provincial de Terra di Lavoro”, desde 1818, y que, durante la época fascista, con la supresión temporal de la provincia, había sido degradado a “sección” del Archivo de Estado de Nápoles, manteniéndose en esta condición incluso cuando la provincia fue reconstituida en 1945.
Allí donde las leyes de los demás Estados preunitarios prescribían la creación de un único grande Archivo ubicado en la Capital, destinado a conservar todos los documentos de interés histórico producidos por la administración estatal, la legislación del Reino de las Dos Sicilias, haciendo propias las leyes de la época francesa (decr. 22 octubre 1812), había sido la única, antes de la Unificación, en establecer un Archivo general en cada capital de provincia, en el que debían confluir todos los documentos producidos por órganos periféricos del Estado en ámbito provincial, que, una vez agotada su utilidad inmediata de prácticas corrientes, fuesen considerados dignos de conservación por el carácter de documentación histórica adquirido o adquirible en el tiempo. Dicho decreto no tuvo ejecución inmediata a causa de los acontecimientos bélicos que llevaron a la Restauración (en particular, para Terra di Lavoro, un “archivero” había sido nombrado desde 1814 pero sin ejercer efectivamente sus funciones);
Recogida posteriormente la instancia en el art. 28 de la ley del 12 de diciembre de 1816, los Archivos provinciales fueron establecidos operativamente mediante la ley del 12 de noviembre de 1818 (“Ley orgánica de los Archivos del Reino”), que también aprueba su Reglamento. Estos Archivos, dependientes de las Intendencias y ubicados en su sede o al menos en un edificio contiguo, tenían que reunir “los documentos [de valor histórico] pertenecientes a las antiguas y nuevas jurisdicciones, y a todas las Administraciones comprendidas en el territorio de la provincia”; sin embargo, no pudiendo hablar durante todo el Sietecientos de una verdadera administración periférica y además habiéndose perdido, en los acontecimientos bélicos del decenio francés, buena parte de la relativa documentación, los documentos administrativos conservados en la sede descentralizada suelen empezar a datarse a partir de los primeros años del Ochocientos (a excepción de lo que queda de la documentación producida por las Cortes reales y señoriales y otros casos esporádicos) y el patrimonio relativo a los siglos anteriores se limita, más que todo, a los protocolos notariales y al material en pergamino, recuperado por ellos o adquirido de otra manera.
Exceptuando estos casos, los documentos conservados en los mencionados Archivos provinciales se pueden clasificar, en cuanto a su tipología, en tres categorías fundamentales: documentos relativos a la administración civil, documentos relativos a la administración financiera, documentos judiciales.
Sin embargo, por estos últimos, en el caso de que la sede del Tribunal fuese diferente de la capital administrativa de la provincia, la legislación francesa y borbónica previó la creación de un “archivo supletorio” separado, que para Terra di Lavoro tuvo su sede en el Tribunal de Santa Maria Capua Vetere: solo en 1869, con la supresión de los Archivos supletorios, los documentos judiciales se reunieron con los documentos administrativos en sus respectivos archivos provinciales. Cabe destacar que, aunque Caserta había sido designada capital de Terra di Lavoro en lugar de Capua ya desde 1819, la sede del Archivo provincial fue trasladada de Capua a Caserta solo en 1850.
Después de la unificación de Italia, los Archivos “provinciales” del antiguo reino borbónico no fueron integrados de inmediato en la organización archivística estatal sino que quedaron (a partir de 1865) bajo la dependencia de las respectivas Administraciones provinciales: la denominación misma de “archivos provinciales” debió resultar equívoca, aunque debía estar claro que esta se refería únicamente a una competencia territorial y no tenía nada que ver con la Provincia como “Entidad”.
Solo en 1932 ellos pasaron a estar bajo el control del Estado, adoptando la denominación actual; pero habiendo sido suprimida, entre tanto (1927), la provincia de Terra di Lavoro, el de Caserta se convirtió en “Archivo de Estado” solo con la reforma del ’63, permaneciendo subordinado al Archivo de Estado de Nápoles mucho después de la reinstauración de la propria provincia.
