El Archivo de Estado de Caserta, al igual que los demás archivos periféricos del reino de Nápoles, fue instituido con la denominación de Archivo Provincial con el decreto del 22 de octubre de 1812, el cual, sin embargo, debido a los acontecimientos bélicos que culminaron en la Restauración, no tuvo ejecución inmediata: sólo con la ley del 12 de noviembre de 1818, que aprobaba también el reglamento, se confirmó la creación de un Archivo por cada provincia del Reino.
Los Archivos “provinciales” dependían de las Intendencias y tenían que reunir “los documentos pertenecientes a las antiguas y nuevas jurisdicciones, y a todas las administraciones incluidas en el territorio de la provincia”.
El Archivo tuvo su primera sede en Capua en el prestigioso Palacio Antignano, de los Duques de San Cipriano, y solo en 1850 fue reubicado a Caserta, aunque ya desde 1819 la ciudad se había convertido en capital de Terra de Lavoro.
Los documentos conservados en el Archivo de Estado de Caserta abarcan un periodo de tiempo que va desde la segunda mitad del Cuatrocientos hasta los años ochenta del siglo XX. Los fondos más importantes son los que pertenecen al fondo notarial, que cuenta con aproximadamente 37.000 volúmenes.
En la documentación más reciente cabe señalar una vacío documental que cubre casi por completo los veinte años fascistas (de 1927 a 1945), cuando la provincia fue suprimida y anexada a Nápoles. En cambio, en la documentación de la antigua provincia de Terra di Lavoro se encuentran actos
relativos a un territorio mucho más amplio que el del actual distrito, ya que incluía muchos municipios hoy pertenecientes a las provincias de Benevento, Avellino, Isernia, Frosinone, Latina y Nápoles.
Al Archivo de Estado de Caserta está anexada una Biblioteca, a disposición de los investigadores, quienes pueden consultar los textos únicamente en la sede y eventualmente obtener fotocopias (parciales – hasta una quinta parte – de las obras protegidas por derechos de autor).
Entre las recopilaciones de actos oficiales destacan: la Recopilación Oficial de las Leyes y Decretos (a partir del año 1806), algunas copias del Diario de Intendencia y además el Boletín de la Prefectura, el Boletín de la Comisión Feudal (colección impresa de las sentencias sobre controversias en materia de bienes comunales, derivadas de la abolición del feudalismo). Los Actos del Consejo Provincial, etc. Muchos son los ensayos histórico-críticos, especialmente sobre historia local, ya que cada Archivo de Estado recibe por ley dos copias de cada publicación de estudios basada en documentos del Archivo (incluidas tesis de grado).
El Instituto se compromete en conducir una actividad constante de valorización del patrimonio del archivo, promoviendo su conocimiento a través de iniciativas culturales (exposiciones documentales, congresos, contactos con escuelas, publicaciones impresas: las iniciativas de los últimos tres años se encuentran ampliamente descritas en la página web del Instituto); además publica una revista digital cuatrimestral, abierta también a la colaboración de investigadores y usuarios habituales.
El Instituto insta al interés de los jóvenes y cuenta con su colaboración, promoviendo en su interior formas de voluntariado, y acoge, para prácticas, numerosos estudiantes universitarios de las disciplinas relativas a la conservación del patrimonio cultural.
